El Mundo

Ortega, un exguerrillero de 76 años, gobierna desde 2007 y es acusado de corrupción y nepotismo por sus rivales, lo cual él niega al asegurar que está construyendo el país restituyendo derechos que fueron quitados a los nicaragüenses durante los gobiernos neoliberales que les antecedieron

La iglesia católica de Nicaragua enfrenta su momento más álgido en la relación con el gobierno del presidente Daniel Ortega, tras la retención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, uno de los más críticos a la gestión oficial.

Persecución, allanamientos, cárcel, cierre de medios de comunicación católicos y exilio de religiosos, son algunas de las acciones oficiales represivas que enfrenta la Iglesia, en medio de la crisis que vive el país desde 2018, cuando se produjeron protestas masivas contra el gobierno de Ortega.

Las autoridades investigan al religioso por intentar "organizar grupos violentos" e incitar "a ejecutar actos de odio (..) con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua", indicó la policía el pasado viernes.

Álvarez fue retenido después de denunciar el cierre de cinco emisoras de radio religiosas y exigir al gobierno de Ortega que "respete" la libertad de culto ante los "hostigamientos" a la Iglesia.

Álvarez, de 55 años, fue nombrado obispo de Matagalpa por el Vaticano en el 2011.

En su misión pastoral acostumbra visitar los pueblos rurales donde tiene aceptación de las comunidades. En 2015, encabezó una marcha multitudinaria, en Rancho Grande (Matagalpa), para oponerse a una concesión minera que el gobierno había otorgado a una compañía canadiense.

La confrontación con la iglesia católica ha motivado mensajes de solidaridad de sus pares de América Latina, con llamados al diálogo en Nicaragua.