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Va Estado por Juicio Político contra juez y tribunal por caso Ramírez


El Consejero Jurídico del Gobierno, Jorge Espinoza Cortés, anunció que el Estado presentará ante el Congreso de La Unión una solicitud de juicio político en contra del Juez octavo de distrito y el primer tribunal colegiado de distrito por una presunta violación a la Constitución y ha la jurisprudencia emitida sobre el caso del magistrado, Jorge Abraham Ramírez, por lo que se presentará una queja administrativa en contra de ambos órganos jurisdiccionales ante el Consejo de la Judicatura por su actuación irregular.

Esto con la intención de que se renueva a los funcionarios judiciales para que puedan ser investigados por los delitos en contra de la impartición de Justicia y argumentó que se otorgaron una suspensión provisional con efectos restitutorios en favor del magistrado Jorge Abraham Ramírez, con la instrucción de que se regresará el fueron, ampliando los efectos de la suspensión y evitar su detención.

Por lo anterior denunció que estos ordenamientos la jurisprudencia por contradicción de la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se señaló que los efectos y consecuencias derivadas del juicio de procedencia no se suspende y según dijo esto rogaría perjuicio al interés social y permitiría que el amparo de inmunidad del que goza los mencionados servidores públicos y los delitos cometidos por ellos pudieran quedar impunes.

De la misma manera informó que se presentará una queja en el Consejo de la Judicatura Federal para que revise la actuación del juez y magistrado ya que consideró existen diversos amparos que conceden a favor de funcionarios de la pasada administración acusados de corrupción en actos que por jurisprudencia y según su interpretación no son aplicables los amparos.

Añadió que la multicitada jurisprudencia dicta: “En virtud de que la declaración de procedencia prevista por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo constituye un requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, en contra de alguno de los servidores públicos señalados en el citado numeral, y tomando en consideración que para otorgar la suspensión, dentro de un juicio de amparo indirecto, debe verificarse si tal medida cautelar puede originar perjuicios al interés colectivo, se concluye que los efectos y consecuencias derivados del indicado procedimiento constitucional no son susceptibles de suspenderse, ya que ello irrogaría perjuicio al interés social, pues permitiría que al amparo de la inmunidad de que gozan los mencionados servidores públicos, pudieran quedar impunes delitos cometidos por ellos, lo que, evidentemente, contraviene el interés de la colectividad”.

Por ello consideró que dicha jurisprudencia, impide que un juez federal conceda suspensiones de amparo sobre actos como un procedimiento de desafuero.