Opinión

La investigación que se hace en contra de la Operación Justicia para Chihuahua pudiera tomar un nuevo giro, pues ahora encabeza las indagatorias el presunto delito de tortura, ejercido en contra de ocho testigos protegidos que declararon en varias causas penales, pero que lo hicieron bajo presiones y amenazas.

Muchos hablan de sobreseimiento a las carpetas de investigación, es decir, dejarlas sin efecto penal y por ende exonerar a los acusados por Javier Corral de haberse beneficiado del Duartismo, sin embargo, lo que pocos han tomado en cuenta es que quien ejerció tortura para obtener declaraciones, pudiera ser detenido y procesado.

Es evidente que Maru Campos no olvida la persecución que sufrió, pero tampoco la olvidan Rodrigo de la Rosa, María Ávila y Cesar Jáuregui, todos acusados y exhibidos públicamente por Javier Corral, de haber aceptado sobornos millonarios del gobierno de César Duarte, pero a los cuales no les han podido demostrar nada.

Así que pudieran venir las contra demandas, y obviamente los testigos deberán señalar a quienes por medio de la intimidación, amenazas y tortura, los obligaron a declarar en falso ante una autoridad judicial, que, dicho está de paso, es también un delito.

Por lo pronto ya hay ocho denuncias penales por el presunto delito de tortura, las cuales ahora la Fiscalía debe poner especial atención, así que, haga sus apuestas.

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No cabe duda que la estrategia usada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, busca generar un sentimiento de lástima entre los mexicanos para convertirse en una especie de mártir (definida como persona que sufre o muere por defender sus ideales), con el fin de asegurar que nada o nadie cambie el rumbo de sus proyectos.

Primero se muestra convaleciente por Covid-19, pero lo hace mientras sigue "trabajando"; luego anuncia que se someterá a un cateterismo cardíaco, y tras lo cual aseguró que hizo un testamento político para el país, que no fue otra cosa más que un intento por volver a dar lástima e intentar que la gente lo cobije en popularidad.

Sin embargo, el plan le salió mal.

Resulta que en redes sociales la gente sí entendió que Amlo no puede hacer un testamento por México, ni que el país fuera suyo para hacer semejante cosa.

Según la definición oficial, un testamento es el acto jurídico por el cual una persona estipula quien o quienes serán las personas que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. Pero México no es del Presidente, es más, ni siquiera las instituciones que hoy preside son de él.

De hecho, la Constitución ya prevé que hacer en caso de muerte o incapacidad permanente del Presidente en turno, porque eso es, sólo un presidente que estará seis años en el poder y que deberá ser cambiado por el electorado en 2024.

Ya es más que claro que Amlo padece el síndrome de hubris (SH), definido como un trastorno psiquiátrico adquirido que afecta a las personas que ejercen el poder en cualquiera de sus formas.

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Si Teporaca Romero sigue como hasta ahora, no hay duda que logrará ganarse la confianza absoluta de la gobernadora, pues ya consolidó la creación de la Universidad del Beisbol, y ahora es casi un hecho que tendremos equipo de la Liga Mexicana de este deporte.

No es un reto sencillo, pues en el deporte hay mucha más grilla que en la política, pero aún así le está dando resultados a Maru.

A nivel nacional ya suena que Chihuahua tiene en la bolsa el permiso para que una franquicia de la LMB pueda asentarse en esta entidad, aunque todavía no dicen si será en la capital o en Juárez donde se abriría.

En 1982 Chihuahua tenía un equipo profesional de Beisbol, pero ese año se perdió la franquicia y se mudo a Coahuila para soportar al equipo Acereros de Monclova. En 2007, la franquicia regresó con Los Dorados de Chihuahua, pero en 2011 se volvió a perder y está se fue a Aguascalientes para dar respaldo al equipo Rieleros.

Lo malo es que la historia no habla bien del Beisbol de Chihuahua, pues durante las cuatro temporadas en las que estuvimos en la liga nacional, solo en dos se avanzó a playoffs, pero no pudieron ir más allá de la primera ronda.

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En Juárez los agentes aduanales se siguen frotando las manos tras la aprobación del decreto para regularizar vehículos chuecos, sobre todo porque deberán ser ellos los que realicen los trámites y obviamente cobraran honorarios.

Ya se dijo que el costo será de 2 mil 500 pesos por unidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos, y es ahí donde entran los aduanales.

Es decir, a los 2 mil 500 por la legalización, deberán agregarle un cobro de 1 mil pesos que cobrarán como honorarios los aduanales, el pago de impuestos federales (aunque se analiza condonarlos), así como la adquisición de las placas metálicas y la revalidación vehicular, así que tampoco será tan económico, aunque si la posibilidad de arreglar su vehículo.

Pero los interesados no tienen mucho tiempo para animarse, porque el decreto vence el 22 de julio, y la carga de trabajo aduanal será bastante, ya que atenderá a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; además de Nayarit y Michoacán.

Ojalá que alguien los controle porque de lo contrario van a hacer su agosto y hasta pueden salir uno que otro con enriquecimiento de dudosa legalidad.





Así las cosas...