Opinión

Ni el chavo del ocho se aventaba enredos tan grandes como el que dijo Juan Carlos Loera.

Los reporteros lo hicieron enojar cuando lo cuestionaron sobre la dudosa forma en la que movía los programas sociales en Chihuahua, y aunque negó haber hecho algo malo como condicionar la entrega de apoyos para favorecer a Morena, luego se contradijo y sostuvo que a él lo tienen ahí porque es el mejor armando comités de tipo electoral.

No necesitó apoyo para ventanearse, solito cayó en el enredo.

Primero dijo que los reporteros deberíamos investigar y tratar de localizar, -aunque fuera una persona que se quejara de las becas del gobierno-; luego aseguró que hay más de 660 mil beneficiarios de los programas del bienestar y que no encontraremos a ninguno al que se le haya condicionado el programa a cambio de pertenecer o apoyar a Morena.

Pero ya después como que se entusiasmó y siguió hablando, y fue ahí cuando admitió que seguirá construyendo comités de activación social en el estado, porque en todo Chihuahua no hay nadie como él para movilizar y organizar a las personas.

Loera dijo que como coordinador de la defensa de la 4T, creó 3 mil 208 comités vecinales, los cuales sirvieron para que Amlo ganara la elección presidencial en Chihuahua. Así que si algo sabe hacer, es armar comités de apoyo para su máximo proyecto que es Andrés Manuel.

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Poco a poco salen a la luz los otros conflictos que trae el ahora ex recaudador de rentas de Cuauhtémoc, José Alfredo Pacheco, quien hace unos días golpeó salvajemente a su esposa para luego huir y evitar ser aprehendido por eso.

Dicen allá en Cuauhtémoc que este comportamiento no es nuevo en Pacheco, pues en 2019 había pasado lo mismo, golpeó a su esposa, y quizá como no pasó nada, volvió a hacerlo.

Lo malo es que ahora la denuncia dice que la amenazó con un cuchillo, y eso ya representa otro tipo de delito.

Incluso, indagando un poco de su pasado, supimos que fue el director del Registro Civil en Cuauhtémoc, en los primeros años de Javier corral, pero lo despidieron por mal comportamiento.

Total, que parece ser toda una fichita.

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Para muchos fue un error, pero para otros fue lo correcto.

Ayer ratificaron a 30 jueces en el Tribunal Superior de Justicia, entre ellos al Juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, quien confesó hace unos días que bajó presión del ex gobernador Javier Corral, avaló la vinculación a proceso de María Eugenia Campos Galván sin tener elementos para ello.

Su expediente dice que es un buen Juez, no tiene más problemas en su trayectoria más que la que él mismo aceptó. Pero llamó la atención que se le concediera fuera Constitucional a pesar de estar siendo investigado.

Y la investigación la confirmó la Magistrada Miryam Hernández, Presidenta del TSJ. Según su declaración, el Consejo de la Judicatura ya está revisando el actuar del Juez, pues ni bajo presión o amenazas debería haber actuado como lo hizo, pues puso en duda la credibilidad del poder judicial.

Y, por si fuera poco, ayer adelantó que la ratificación que hicieron sobre los jueces no representa un cheque en blanco para nadie. En una entrevista que le concedió al periodista Joaquín López Doriga, Miryam Hernández sostuvo que la. Investigación continúa y de ser encontrado culpable de algún delito se procederá a retirarle el fuero y a someterlo al cumplimiento de la Ley.

El asunto no es sencillo, pero es posible, así que vaya poniendo el reloj de cabeza para ver cuanto se tarda este trámite.

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El Fiscal ayer dejó entrever que la investigación contra Maru Campos será sobreseída, es decir será suspendida por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia.

Al explicarle a los medios de comunicación los avances del tema, el Fiscal Roberto Fierro sostuvo que hay varios testigos protegidos a los que se les otorgó el criterio de oportunidad, y aunque declaren que fueron presionados para declarar situaciones a conveniencia, es difícil demostrarlo.

Primero, porque es muy delgada la línea entre un interrogatorio y una presión para declarar a modo, sin embargo, se tomará como base que el 7 de septiembre el Magistrado de la 3 Sala Penal determinó no vinculación a proceso para Maru Campos y los otros señalados, es decir, se sobreseyó la carpeta.

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Ayer Juárez entró en un crisis de inseguridad y terror social, como no se había visto hace mucho tiempo. Un grupo criminal de los que se disputan el control de las drogas decidió incendiar una tienda Oxxo, 5 camiones, 4 vehículos particulares y una caseta de enlace de la Policía Municipal.

Según el gobierno, se trata de reacciones delictivas ante las múltiples detenciones y aseguramientos que se han hecho en la frontera, derivadas de que esta administración no negociará con delincuentes.

Lo malo es que si esto es cierto, otros municipios, incluyendo la capital sufrirán ataques similares, pues se supone que los operativos son parejos.

Y peor aún, es que esa violencia es la que ha padecido México desde el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, de hecho, Chihuahua está considerada dentro de las cinco entidades más violentas del país.

Ya ni porque Juárez es el municipio más grande de Chihuahua, y es gobernado por Morena, ni así le ha puesto atención el Presidente.





Así las cosas...