Opinión

Caja Negra



El plebiscito está causando en Chihuahua, quizá, el mayor de los esfuerzos gubernamentales; desde los interesados que en este caso son los gobiernos municipales para sacar adelante el proyecto de alumbrado público, hasta las autoridades electorales, porque, podría ser que con eso, justifiquen su permanencia en años no electorales.

Luego de haberse convertido en un ente que sólo emitía opiniones, esta semana el Instituto Estatal Electoral sesionó para deliberar la ubicación de las 188 casillas que serán instaladas el 24 de noviembre para llevar a cabo la consulta pública que definirá si se lleva a cabo o no, el proyecto Iluminemos Chihuahua.

Las casillas serán instaladas, en su mayoría (175), en escuelas; el resto será instalado de la siguiente manera: cuatro en domicilios particulares, tres en salones de actos, dos en salones ejidales, dos en oficinas públicas y dos en parques.

Así que el domingo 24 de noviembre, los chihuahuenses deberán responder a la pregunta: ¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril del 2019 denominado Iluminamos Chihuahua que autoriza concesionar la prestación del Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua por un máximo de 15 años?, y la respuesta deberá ser si, o no.

Algo interesante también, es que cada mesa receptora tiene la capacidad de recibir hasta 5 mil votantes, dado que serán urnas electrónicas para la recepción del voto, pero como es el primer ejercicio de esta naturaleza, habrá que estar al pendiente de la evaluación.



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Por lo pronto el plebiscito es un hecho, se realizará el domingo 24 de noviembre de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y estará a cargo del Instituto Estatal Electoral, aunque obviamente veremos a los interesados operar el proceso y a los detractores, tratando de evidenciar anomalías.

Algo muy parecido a la guerra sucia que se realiza en cada elección, pero que en esta ocasión, se estrenará junto con el nuevo método de consulta social para la realización de proyectos de gran envergadura.

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Pues finalmente se les dio entrada a las autoridades norteamericanas para entrometerse en los asuntos mexicanos, pues nada menos ayer se confirmó por la Fiscalía General de la República, que así como lo dijo el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Estados Unidos sí podrá investigar ese lamentable hecho.

Todo radica en el acuerdo que se signó, en 1994, entre la entonces Procuraduría General de la República y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para combatir juntos a la delincuencia organizada, cuando este afecte a ambas naciones.

El FBI es la principal agencia de investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y hasta ahora, cuenta con acceso a las carpetas de investigación tanto de Sonora como de la FGR, quizá, hasta de la misma Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Pero, también se sabe, que por la colaboración que permitió Estados Unidos, tras los ataques a mexicanos en varias ciudades de Texas, como El Paso, Midland y Odessa, se tiene la obligación de permitir esa investigación conjunta.

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Pues al parecer finalmente la libró, así que ya Alfredo “El Caballo” Lozoya ya no tiene nada que deberle a la justicia electoral.

Hace poco, el alcalde de Parral junto con su directora de Comunicación Social, Rossana Vázquez, fueron denunciados por la adquisición de tiempos en radio y televisión, que luego fueron mal interpretados como actos anticipados de campaña y promoción personal a la figura del alcalde.

Pero todo eso no prosperó, pues el Tribunal Electoral dijo que no hay delito que perseguir en el asunto SER- PSC- 67/2019.

Recordemos que estos tiempos de radio y televisión fueron usados para promover las Jornadas Villistas, un evento emblemático desde hace décadas en aquella sureña ciudad.

El pecado fue que el edil apareciera en el promocional, y que en el radio, en su caso, se escuchara su voz. Por lo que el PAN a través de Sergio Humberto Uranga Mendoza, se le ocurrió que debía denunciarlo.

El tema es que ese pleito político, intentaba también perjudicar a ocho personas morales y veintinueve concesionarias de radio y televisión, por su participación en la presunta contratación y difusión de propaganda electoral, pero no, no hubo nada, y el Tribunal Electoral declaró que, pese al alboroto, el PAN se quedó con las ganas.




Así las cosas…

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