29 de Julio del 2010
El representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Rafael Hernández Estrada, aseguró que con la retención de 13.1 millones de pesos que confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), suman 23.1 millones de pesos los que se pierden en juicios contra empresas de prestanombres de Carlos Ahumada.
En conferencia de prensa, recordó que la Sala Superior del TEPJF confirmó y validó un acuerdo del IFE para retener 13.1 millones de pesos del financiamiento público mensual del PRD y ponerlos a disposición del juez octavo de distrito en materia civil en la capital.
Hernández Estrada recordó que los juicios tienen origen cuando Rosario Robles era presidenta del PRD y el entonces oficial mayor, José Ramón Zebadúa, suscribió cuatro pagarés en favor de igual número de empresas, una de ellas "Universal Flexo".
Indicó que todas esas empresas están extrañamente radicadas en la ciudad de Oaxaca, “algunas de ellas en el mismo domicilio, se señala una calle, un número exterior y un número interior, pero en esos lugares no existen tales empresas, no hay un despacho u oficina, mucho menos una empresa".
Subrayó que en su denuncia penal el PRD ha afirmado que en realidad esas compañías “son prestanombres del señor Carlos Ahumada, quien está buscando un lucro con esa situación, con unos pagarés obtenidos de manera fraudulenta a través de esas empresas” y comentó que, incluso, el empresario menciona esos pagarés en un libro que publicó.
Respecto a los 13.1 millones de pesos que el Instituto Federal Electoral (IFE) retuvo a su partido dijo que representan 40 por ciento de ingreso que por financiamiento público recibe mensualmente y planteó que seguramente esa acción tendrá repercusiones en las actividades normales del partido.
El representante del PRD señaló que su partido no ha entregado los recursos al juzgado porque seguramente estaba esperando la resolución del TEPJF, aunque a su juicio esa cantidad "iría a parar a manos de Carlos Ahumada".
Es así, explicó, “porque se trata de una orden del juez para que se le entregue el dinero y lo ponga a disposición de los particulares que demandan, ya que hay una sentencia del juez que le ordena el pago al PRD”.
A su juicio la resolución del alto tribunal electoral establece un precedente negativo para el sistema de partidos en el país porque admite la posibilidad de que cualquier juez pueda ordenar las prerrogativas legales de los partidos para liquidar asuntos de cualquier materia.
Opinó que con ello se pueden producir graves afectaciones a las tareas inherentes de los partidos políticos que se verán perjudicadas por la privación de porciones en su financiamiento público.
De igual forma, dijo, podría dañarse el principio de equidad en las contiendas políticas por factores externos a los procesos electorales.
Redacción.
